La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto salpicada por la corrupción tras destaparse el presunto fraude fiscal de su pareja de 350.951 euros, quien cobró un total de dos millones de euros en comisiones al intermediar en la venta de material sanitario durante la pandemia.

Alberto González Amador, pareja actual de Ayuso, presentó facturas falsas a Hacienda en los años 2021 y 2022 para intentar ocultar los beneficios millonarios de las comisiones que recibió por la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia de COVID, cuando mucha gente se debatía entre la vida y la muerte, tal y como adelantó eldiario.es. 

La investigación revela una compleja red de transacciones, donde González Amador supuestamente actuó como comisionista entre empresas españolas y extranjeras, facilitando contratos millonarios por suministros de guantes y mascarillas en momentos críticos de la crisis sanitaria.

Además, se señala un cambio en su actividad profesional, pasando de consultoría para el grupo Quirón a involucrarse en transacciones comerciales de mayor escala, lo que atrajo la atención de las autoridades fiscales.

Además, se ha conocido hoy mismo que la propia pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid confesó el 2 de febrero por escrito ante el Ministerio Público el fraude fiscal para intentar llegar a un acuerdo y así evitar el juicio.

Todo esto lo ha negado en los medios Isabel Díaz Ayuso, llegando a declarar incluso que era Hacienda quien debía 600.000 € a su pareja, lo cual se ha demostrado que es totalmente falso, gracias a los informes de Fiscalía. De hecho, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid atribuye a González Amador, desde finales de enero de 2024, tres delitos: dos de fraude y el de falsedad documental.

Como es obvio, cualquier político cuya pareja se demuestre que se ha enriquecido de manera ilegal, defraudando a Hacienda una cantidad de dinero muy importante, debería presentar su dimisión inmediata, pues carece de credibilidad y honorabilidad para representar a una institución o a un partido político a partir de ese momento. La corrupción en política, venga de la ideología que venga, debe ser sancionada tanto por la Justicia como por la sociedad.

A las comisiones por las mascarillas y las facturas falsas, cabe añadir el piso valorado en más de un millón de euros que compró la pareja de Isabel Díaz Ayuso, poco después de obtener los beneficios por las comisiones, más el Maserati, un vehículo de lujo, en el que se ha visto a la presidenta de la CAM en fotos, también propiedad de la pareja. Con lo cual estamos ante un evidente caso de corrupción cuya única salida posible es la dimisión de la actual presidenta madrileña del PP.

Por otro lado, y como agravante, Ayuso ha señalado a la fiscal jefa de Madrid que denunció este caso, acusándola de no ser imparcial y dando a entender que se trata de una "roja peligrosa". Además, ha acusado al Gobierno y a Pedro Sánchez de buscar su destrucción personal en un claro papel victimista y muy alejado de la realidad de lo sucedido, que no es otra cosa que un fraude fiscal de su pareja, que ha sido descubierto y denunciado convenientemente, al haber infringido la ley.

Si, además, añadimos su papel en las residencias, donde murieron 7291 ancianos y personas vulnerables que no tenían seguro privado, víctimas de los Protocolos de la Vergüenza, dictados por su Gobierno durante la pandemia de coronavirus, el futuro de Isabel Díaz Ayuso en el mundo de la política parece estar llegando a su fin. O eso parece al menos, ya que de un caso de corrupción de cerca de 2 millones de euros, no se salva nadie, aunque sea del PP y tenga a gran parte de la Justicia a su favor.