El exconsejero de Políticas Sociales testificará el 15 de junio en la causa judicial donde se investigan los protocolos de derivación en las residencias de la Comunidad de Madrid, ordenados por la presidenta y líder del PP de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, durante la primera ola de la pandemia de Covid. 

Este jueves puede ser un buen día para hacer justicia por las 7.291 personas fallecidas en residencias de Madrid, ya que Alberto Reyero vuelve a declarar ante el juez Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, sobre las muertes que se produjeron durante la pandemia en una residencia privada de Arganzuela. También están citados a declarar Carlos Mur y la exdirectora de Salud Pública, Yolanda Ramos.

En El Tablero, programa de Canal Red presentado por Sergio Gregori, ha hablado este miércoles de ello la jurista Marina Olmo, desde su punto de vista como experta en temas jurídicos, dejando este titular: "Se condenó a la muerte a aquellos ancianos que no eran pudientes, y por eso, Ayuso debería tener responsabilidades penales porque, desde luego, estamos hablando de vidas de personas".

Tanto Marina Olmo como Isa Serra han manifestado su preocupación de que alguien responsable de lo sucedido en las residencias, donde se negó la hospitalización de los ancianos y ancianas que tenían menos recursos económicos y de quienes eran más vulnerables o dependientes por alguna discapacidad, haya conseguido mayoría absoluta en las pasadas elecciones del 28M.

Y es que, según han explicado, cuando hablan con alguien de derechas, desconoce la verdad y sigue el relato de los medios ultraderechistas que han desinformado diciendo que la gestión de las residencias no era de Ayuso, sino de Pablo Iglesias. Algo totalmente falso, pues las competencias de las residencias y de Sanidad son siempre de la comunidad autónoma y correspondían al Gobierno de Ayuso del Partido Popular.

La propia presidenta de la Comunidad de Madrid lo reconoció en el programa de Telecinco Ya es mediodía: "Yo he tenido que gestionar la sanidad y las residencias". 

Marina Olmo, jurista y colaboradora de El Tablero, en Canal Red

Se trata, pues, de hechos muy graves que han motivado que Marea de Residencias, plataforma cuyo objetivo es luchar porque las personas que viven en residencias tengan una vida digna, y los familiares de las propias víctimas, hayan presentado más de 300 querellas, según ha informado la periodista de El Salto, Sara Plaza, todas ellas archivadas. Algo que se antoja muy extraño ante la gravedad de los hechos que se denuncian y la unanimidad que hay entre los denunciantes en señalar a Ayuso como la principal responsable.

La presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, que representa el trumpismo a la madrileña, mientras tanto, permanece tranquila, ya que cuenta con el apoyo del Poder Judicial, con el CGPJ bloqueado y controlado por el Partido Popular durante toda la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez, que no se atrevió a renovarlo en los últimos 4 años de legislatura socialista. Se trata de una anomalía en democracia que alguien cometa, presuntamente, un delito muy grave, y no sea investigada ni sancionada si es de la misma ideología que los jueces conservadores.

Alberto Reyero y Manuel Rico, periodista investigador de todo lo que sucedió en las residencias y que recuerda cada día en Twitter el gerontocidio que supuso el protocolo de Ayuso, son las grandes esperanzas de que con sus testimonios, declaraciones y denuncias públicas, al final se acabe haciendo justicia y reparando el daño causado a los familiares de las víctimas.

 Es el momento de la reparación y justicia para los familiares de las víctimas. Esto, más que de política, va de justicia y de honrar a las 7291 personas fallecidas en las residencias por el Protocolo de la Vergüenza de Ayuso. 

Estaremos atentos desde infoComún a las novedades que haya tras las declaraciones de los miembros del Gobierno de la CAM de Ayuso durante la época de la primera ola de la pandemia de Covid (2020), puesto que pueden comprometer mucho a la política trumpista madrileña, pese a tener a los jueces conservadores a su servicio.