El Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla decreta 3 años y 5 meses de prisión para los cinco hermanos que extrajeron ilegalmente agua durante varios años de un pozo de Aznalcázar (Sevilla) para regar sus cultivos, causando un grave daño al ecosistema natural de Doñana.
SENTENCIA DEL JUEZ A LOS AUTORES DEL DELITO AMBIENTAL
La sentencia del juez recoge que los cinco propietarios de la finca que se encuentra, en parte, sobre el acuífero Almonte-Marismas, son culpables de un delito contra el medio ambiente, además de otro de daños al dominio público hidráulico. Por el primero les impone una sanción de 12.000 euros y una pena de 2 años y 5 meses de cárcel, y por el segundo, 1 año más de cárcel y cerca de 2 millones de euros como indemnización a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
Los coautores del delito medioambiental tenían permiso para sacar un total de 3,48 millones de metros cúbicos de agua anuales para sus cultivos de algodón y arroz, pero infringieron la ley al extraer más del doble del volumen anual que tenían autorizado entre los años 2008 y 2013 en un acuífero ubicado en terreno de especial interés medioambiental no solo a nivel nacional sino global, puesto que Doñana fue declarada Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. Además, según sostiene el magistrado, el agua es "uno de sus principales valores ecológicos" y el abuso de su extracción respecto a lo autorizado por la CHG supone un grave daño a los humedales y los sistemas acuáticos del Parque Nacional.
Ya fueron apercibidos y sancionados económicamente en años anteriores por la CHG, conocedora de las prácticas ilegales de estas cinco personas que pese a ello siguieron incumpliendo deliberadamente las normas de protección ambiental hasta el punto que colocaron una tubería de grandes dimensiones para realizar un trasvase de la zona norte a la zona sur, lo cual ponía en serio riesgo el ecosistema natural, según detalla el juez con muy buen criterio.
Ahora, los cinco terratenientes que saqueaban el agua de forma ilegal y regaban incluso más de lo que necesitaban sus cultivos deberán hacer frente a una indemnización de 1,97 millones de euros que deberán pagar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por los daños causados en el dominio público hidráulico.
LA LEY DE REGADÍOS DE DOÑANA DE JUANMA MORENO, UN CRIMEN ECOLÓGICO
Por su parte, el político del PP y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto con sus socios de extrema derecha (Vox) dieron un paso más el pasado martes para que la proposición de la Ley de Regadíos de Doñana se haga oficial, lo que supondría hacer legal el regadío de agua sustraída de pozos ilegales hasta ahora y acabarían causando un destrozo enorme en el ya maltrecho Parque Nacional de Doñana a consecuencia de la sequía y estos abusos en la extracción de agua de sus acuíferos.
La Unesco ya advirtió que habría sanciones si no se solucionaba este problema del deterioro de Doñana a consecuencia de la extracción de agua de pozos ilegales y daban de tiempo hasta el 1 de diciembre de 2024 para tomar medidas que garanticen la conservación del Parque Nacional. Poco caso está haciendo el Bolsonaro andaluz Juanma Moreno que, en caso de que termine aprobando esta Ley de Regadíos, podría suponer una sentencia de muerte para Doñana y las especies animales que lo habitan o dependen de estos humedales para vivir en su entorno natural en condiciones normales.
Esperemos que la sentencia ejemplar del juez que ha condenado a 3 años y 5 meses de prisión a cinco hermanos terratenientes por la extracción ilegal de agua en un pozo de una finca situada en Doñana, más una dura sanción económica de cerca de 2 millones de euros, cree tendencia y sea una prioridad a partir de ahora la protección del medio ambiente, independientemente de los políticos que gobiernen en cualquier región de España. Salvemos Doñana de los especuladores y de las políticas trumpistas, que les corten el grifo a los ecocidas, las futuras generaciones y la naturaleza lo agradecerán.
