La asociación sin ánimo de lucro InfoComún ha contactado con Facua para proponer hacer una reclamación conjunta a la Generalitat Valenciana por el impago de las ayudas de alquiler 2022-23 a un gran número de personas vulnerables afectadas por la morosidad del pago de la administración valenciana, actualmente en manos del PP.

Precedentes

Cabe destacar que la ayuda de alquiler general, destinada principalmente para mayores de 35 años de la región valenciana, se resolvió a principios de 2023, y nos encontramos ya a finales de agosto de 2024 sin que aún hayan recibido el dinero que les corresponde cientos de usuarios que viven de alquiler y se han visto afectados por la demora en los pagos por parte de la Conselleria de Vivienda y la Agencia Tributaria Valenciana, que es quien, en última instancia, da las órdenes de que dichos pagos se efectúen.

Esta situación ha generado incertidumbre y preocupación entre los solicitantes de esta ayuda social, que contaban con ese dinero desde hace tiempo para hacer frente a su delicada situación económica con los precios de los alimentos básicos cada vez más altos y las subidas elevadas de los alquileres debido a la especulación de los pisos turísticos y a la negativa de diversas ciudades y comunidades autónomas de España donde gobierna la derecha a aplicar la Ley de Vivienda para regular los precios de alquiler en zonas tensionadas. Una de ellas es precisamente València, donde PP y Vox se han opuesto a topar los alquileres pese a que los precios duplican el índice de referencia del Gobierno.

¿A quiénes afecta el retraso de los pagos de las ayudas de alquiler?

Hay distintos perfiles de personas afectadas por la morosidad de la Generalitat Valenciana a la hora de abonar la cuantía total que les corresponde por ley a los beneficiarios y beneficiarias, desde madres con niños pequeños hasta personas desempleadas en riesgo de exclusión social que dependen de una renta de inclusión para poder vivir dignamente.

J.U.C. son las iniciales de una madre soltera valenciana que tiene que alimentar a dos niños y depende de esta ayuda de alquiler, que otros años sí fue pagada a su debido tiempo, para poder alimentar a sus hijos y que no les falte de nada. Lamenta que aún no haya recibido esta ayuda porque contaban con ella para no pasar tantos apuros económicos y espera que le paguen lo antes posible.

G.P.J. es una madre castellonense que también tiene dos hijos a su cargo y hace malabares para llegar a final de mes al estar desempleada y tener solo los ingresos de un subsidio actualmente, con lo cual su situación es muy complicada también y necesita urgentemente el dinero de la ayuda de alquiler, que la Generalitat Valenciana ya debería haber pagado hace unos meses.

Son solo dos ejemplos de personas que han ofrecido su testimonio, cuyos nombres y apellidos no mostramos completos para conservar su privacidad, que se están viendo muy afectadas por la falta de compromiso de la Generalitat Valenciana con las personas vulnerables, que no son ni mucho menos su prioridad a la hora de aprobar presupuestos y pagar las ayudas sociales, no solo las de alquiler, sino también las de dependencia o incluso la subvenciones destinadas a las ONG o asociaciones sin ánimo de lucro que atienden a los colectivos vulnerables.

Por otro lado, están los jóvenes menores de 35 años, a quienes les corresponde el Bono Joven de Alquiler, pero tampoco se les ha pagado, un dinero que les sería de gran ayuda para vivir solos e independizados de sus padres, pero que si no lo abonan a su debido tiempo, podrían llegar ya demasiado tarde y verse obligados de nuevo a vivir con sus padres.

Denuncia colectiva de las personas afectadas

La gestión de las ayudas de alquiler deja mucho que desear y hay personas inocentes que pagan las consecuencias de ello, por eso el presidente de InfoComún, Tomás Casas, se puso en contacto con el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, para proponerle hacer una reclamación conjunta, primero al Defensor del Pueblo, y después a la Generalitat Valenciana, al no cumplir con su obligación legal de pagar las ayudas de alquiler a las familias vulnerables que llevan esperando desde el año pasado a recibirlas.

Por otro lado, se está organizando una denuncia colectiva en redes sociales por parte de decenas de personas afectadas contra la Generalitat Valenciana, en caso de no pagar pronto en su totalidad la ayuda de alquiler general 2022/23.

Ante las quejas de los beneficiarios y beneficiarias, que aún no han cobrado su ayuda social, mientras que el president valenciano Carlos Mazón no ha tardado tanto tiempo en subirse de nuevo su sueldo y pasará a cobrar 80.173,92 euros anuales, la Generalitat Valenciana se limita a recordar que tiene hasta diciembre de 2024 para hacer los pagos, sin preocuparle lo más mínimo la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchas familias humildes de la Comunitat Valenciana.

InfoComún, como asociación sin ánimo de lucro que vela por los intereses de los vulnerables, aporta su granito de arena para reivindicar que las familias valencianas afectadas por los retrasos de los pagos de la ayuda de alquiler 2022/23 cobren el dinero que les pertenece por ley lo antes posible. Para ello, cuenta con Facua para hacer más fuerza y denunciar el impago de dichas ayudas a la Generalitat Valenciana. Seguiremos informando.