Continúa el lawfare contra la ex vicepresidenta del Consell, pese a que en abril fue archivado el caso por falta de pruebas.
Mónica Oltra es la política de izquierda que se ha atrevido a tomar más medidas a favor de la igualdad social con el objetivo de mejorar la vida de la gente más vulnerable de la Comunitat Valenciana, lo cual ha incomodado enormemente a empresarios con intereses económicos, principalmente en hospitales que dejaron de ser privados y pasaron a ser públicos, así como a políticos del PP, Vox y España 2000, quienes supuestamente decidieron planear una denuncia para destruir su carrera política.
Para ello utilizaron a una chica que había sido víctima de abusos sexuales y se valieron de la inestimable colaboración de jueces conservadores que admiten a trámite denuncias presuntamente falsas y sin pruebas de la agitadora ultra Cristina Seguí y el representante del partido fascista España 2000, José Luis Roberto, ante acusaciones tan graves como el encubrimiento de los abusos de su exmarido.
Algo que nunca se ha podido demostrar y que, por tanto, hace desconfiar de la imparcialidad de la justicia, no solo el hecho de que admitieran a trámite dicha denuncia, sino que se haya reabierto el caso, ya que contradice el principio de presunción de inocencia y puede interpretarse como una persecución judicial injusta contra una política por motivos ideológicos.
Que la Audiencia de Valencia ordenase la reapertura en mayo sin elementos nuevos genera, cuando menos, dudas sobre la legitimidad del proceso. Parece obvio que se utiliza el aparato judicial como herramienta para deslegitimar o destruir a un oponente político que se había ganado democráticamente como líder de Compromís el apoyo de la gente en las urnas, en los últimos 8 años, superando, junto con el PSOE-PV y Podem, a la extrema derecha (PP y Vox).
Y es que no es nada habitual llevar al banquillo a una persona que ha sido acusada de delitos que no han podido demostrarse basándose en suposiciones y conjeturas porque "no puede descartarse claramente la existencia de una infracción penal". Esa manera de proceder pone en peligro la democracia en nuestro país, puesto que los jueces no se dedican a legislar desde la neutralidad, sino que hacen política y de la mala, ya que imputan a inocentes y protegen a presuntos delincuentes, si estos son de su misma ideología.
A nadie se le escapa que hay muchos indicios y pruebas que apuntan a un presunto plan para quitarse del medio a Mónica Oltra, como la foto de septiembre de 2021 en la estación de Atocha, en Madrid, donde aparecían Cristina Seguí, cofundadora de Vox; Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana; y Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud, la empresa que gestionaba hospitales públicos en la Comunidad Valenciana bajo concesión hasta que fueron revertidos al control público durante el mandato de Oltra y el Govern del Botànic. ¿Por qué ningún juez ha investigado nada de esto, cuando está más que claro que hay intereses económicos y políticos de por medio?
Alberto de Rosa, Francisco Camps y Cristina Seguí, en la Estación del AVE de Atocha, el 21 de septiembre de 2021. Fuente: Público
Otro hecho que deja entrever que la denuncia de Cristina Seguí y José Luis Roberto no parece basarse en la realidad son las declaraciones de la propia víctima del abuso sexual, en agosto de 2022, cuando reconoció que le habían ofrecido un puesto de trabajo en Madrid para que declarara en contra de Mónica Oltra tanto en medios como en los juzgados. "Siento que me han utilizado y luego me han dejado tirada", declaró para el periódico Levante-EMV, el 28 de agosto de 2022, refiriéndose a la agitadora ultra Cristina Segui cuando incumplió su promesa.
Estas últimas declaraciones ya eran motivo más que suficiente para haber imputado a Cristina Seguí para que diera explicaciones de por qué había chantajeado, presuntamente, a la chica para que dijese lo que ella quería con tal de perjudicar a una política y obligarla a dimitir, como así sucedió. Resulta muy sospechoso que imputen a alguien por conjeturas o suposiciones, como hicieron con Mónica Oltra, pero que no hagan nada cuando hay pruebas reales en forma de testimonio de la propia afectada por el abuso sexual, que dejan en muy mal lugar a la ultraderechista y fundadora de la asociación Gobiérna-te.
Las consecuencias de todo este montaje fueron la dimisión de la entonces vicepresidenta del Consell y la derrota en las pasadas elecciones autonómicas de mayo de 2023 de la izquierda a manos del PP y Vox, precisamente. Las denuncias falsas habían surtido efecto y el Partido Popular volvía a gobernar tanto en Valencia como en la Comunitat Valenciana, aprovechando la caída de Mónica Oltra, víctima de lawfare y mediafare por parte de la extrema derecha judicial y mediática.
El daño ocasionado a la política y a la democracia es incalculable mientras los jueces se dediquen a hacer política y no se limiten a su verdadera función, que es la de impartir justicia a todos y a todas por igual y de forma imparcial sin comportarse como hooligans que salvan a los corruptos que tengan sus ideas y mandan al banquillo a personas inocentes que son de una ideología contraria a la suya. "Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas", ya lo advirtió Mónica Oltra. Y es justo lo que está pasando, pues la extrema derecha mediática y judicial sigue intentando eliminar a políticos progresistas jugando muy sucio a través del lawfare. Incluso el presidente del Gobierno y su esposa, Begoña Gómez, lo están sufriendo en la actualidad.
Defender la inocencia de Oltra es, en este contexto sociopolítico actual, una defensa de la justicia y la democracia frente a la corrupción y la manipulación de ciertos sectores que intentan usar los tribunales como una herramienta para lograr sus objetivos políticos y económicos.
Procesar a una persona inocente por cuestiones ideológicas es todo lo contrario al espíritu de la democracia y la justicia, si no hay pruebas ni hechos que demuestren que alguien ha cometido un delito, todo esto sugiere que el proceso judicial es más una cacería política que un intento legítimo de hacer justicia para defender los derechos de la víctima de unos abusos sexuales, cuyo autor ya ha sido condenado a prisión y es el único responsable y culpable de esos hechos.
Pretender hacer pagar a una mujer lo que hizo su expareja es, además, otra forma de machismo. Por otro lado, la acusación se basa en la premisa de que Oltra ordenó la creación de un informe para desacreditar a la víctima, pero hasta ahora no se ha presentado ningún documento ni testimonio que demuestre que ella diera dichas instrucciones. Es todo especulación y suposiciones. ¿Cómo es posible que juzguen a alguien porque se imaginan que ha hecho algo que nadie puede demostrar que haya hecho?
El tiempo pondrá a cada cual en su lugar; al final, siempre se acaba descubriendo la verdad, que es lo que siempre juega en contra de la ultraderecha, que se alimenta de bulos y denuncias falsas para lograr sus malvados objetivos. Esperemos que cuando esto suceda, sean los presuntos autores de la denuncia falsa contra Mónica Oltra los que tengan un merecido procesamiento judicial por el daño ocasionado a la política valenciana que más ha hecho por la gente humilde del País Valencià.
Esta cacería de la ultraderecha judicial contra Mónica Oltra debe finalizar ya, pues nadie ha elegido a los jueces para hacer política, sino para juzgar de manera justa y neutral a todos los ciudadanos por igual. Si no hay pruebas ni hechos que juzgar, va contra los principios de derecho reabrir una causa y procesar a una persona inocente. ¿O acaso la presunción de inocencia y la libertad son solo para los individuos de derechas?
