Manuel Rico contó en la Comisión Ciudadana, celebrada el pasado fin de semana en Madrid, que hubo cientos de querellas por los protocolos de no derivación de residentes a hospitales coordinadas por Marea de Residencias y 58 denuncias directas ante la Fiscalía planteadas por otra asociación de familiares de residentes llamada Pladigmare. Todas estas querellas y denuncias con Isabel Díaz Ayuso como principal sospechosa y responsable de tomar esa terrible decisión de negar la atención médica a los ancianos más vulnerables. De esas 58 denuncias, 50 se archivaron sin ningún tipo de investigación y sin tomar testimonio a nadie, lo cual no parece muy normal teniendo en cuenta que se trata de denuncias por miles de muertes en los geriátricos madrileños.
LAS MENTIRAS DE LA FISCAL SUPERIOR DE MADRID Y EL CONSEJERO DE JUSTICIA
La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, en la Memoria correspondiente al año 2020, según relata Manuel Rico, dedica más de 15 páginas sobre este tema en las cuales observa el periodista de Infolibre mentiras flagrantes, como asegurar sin pruebas que sustenten sus palabras un tanto cínicas que los residentes recibían la misma atención médica que la que hubieran tenido en el hospital. Hay testimonios y pruebas que demuestran que no fue para nada así. Aseguraba también en su informe que el protocolo no había tenido efecto en la no derivación de los mayores a centros hospitalarios. Los datos y pruebas recopilados están ahí y dejan a la fiscal en muy mal lugar y encubriendo presuntamente a los responsables políticos que idearon y firmaron el Protocolo de la vergüenza: Isabel Díaz Ayuso y su equipo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en 2020.
Otra persona que mintió descaradamente fue el consejero de Justicia del Gobierno de Ayuso, Enrique López, quien afirmó que dicho Protocolo nunca se llegó a activar y, además, se inventó la derivación de 9.000 residentes a hospitales que nunca se produjeron. No sabemos si esas afirmaciones completamente falsas las haría por voluntad propia o por indicaciones de Ayuso, ya que el Partido Popular es una especie de organización mafiosa donde quienes cuentan la verdad corren peligro, o bien son expulsados y vapuleados por sus panfletos afines de ultraderecha.
Volviendo a la fiscal Almudena Lastra, quien claramente está dejando sin investigar hechos muy graves y haciendo unas valoraciones muy subjetivas y nada correctas sobre cómo se actuó en las residencias madrileñas durante la pandemia de Covid, también sostuvo en su informe que habían sido investigados más de 130 fallecimientos por Fiscalía, lo cual significa que no se ha investigado el 98.2% de las muertes de ancianos en residencias, que ascienden a un total de 7291, el número que siempre acompañará a Isabel Díaz Ayuso el día que algún juez o jueza honesta tenga el valor y la determinación de imputarla y sea juzgada sobre la base de la gravedad del presunto delito cometido como cualquier otro ciudadano o ciudadana.
Ser del PP no debería dar derecho a delinquir sin ser juzgado por ello, pero algo parecido se está viendo en nuestro país con el CGPJ secuestrado por dicho partido, que atraviesa una deriva trumpista y golpista muy preocupante, estos últimos años, con sus políticos desesperados por quedarse con el dinero procedente de los fondos europeos y poder seguir robando a manos llenas, como es tradición en esa organización corrupta que utiliza la política para enriquecerse ilícitamente y destrozar todo lo público.
Con unos jueces que se limitaran a juzgar a los denunciados sin mirar el carné político ni la ideología de nadie, Isabel Díaz Ayuso ya habría sido investigada hace bastante tiempo, pues se le acusa de hechos muy graves que, como mínimo, requieren una investigación formal por parte de Fiscalía para esclarecer los hechos con testimonios de familiares afectados y testigos privilegiados como Alberto Reyero que aportan pruebas que son determinantes para demostrar que la fiscal y el Gobierno de Ayuso mienten cuando afirman que no se llegó a activar el Protocolo de la vergüenza y que los ancianos recibieron la atención médica debida.
Teniendo en cuenta el informe de la fiscal, también sería conveniente investigarla a ella por no contar la verdad en sus informes y exculpar a responsables políticos de su pésima y negligente gestión en los geriátricos madrileños, principalmente a su máxima responsable, Isabel Díaz Ayuso, ya que podríamos estar ante un posible caso de homicidio imprudente, y no solo de una persona, pues fueron 7291 las personas que perdieron la vida en las residencias de Madrid a consecuencia de esos protocolos criminales de no derivación de los más vulnerables que no tuvieran seguro privado a hospitales.
Y todo ello pese a que había disponibles camas tanto en hospitales privados como en el Ifema, con más de 5.000 camas donde podrían haberlos llevado para darle atención médica y salvar sus vidas, pero no lo hicieron porque en las residencias tenían orden de dejarlos allí encerrados. Tampoco se puede culpar a los directores de las residencias, si las órdenes venían de más arriba, en este caso de Ayuso y su Gobierno del PP de la CAM.
Si finalmente Isabel Díaz Ayuso es imputada y juzgada, mucho se le deberá a personas como Manuel Rico, que ha realizado un trabajo de periodismo de investigación impagable y ha declarado todo lo que sabe en la Comisión Ciudadana para que al final se haga justicia por las 7291 personas que murieron de forma indigna en las residencias madrileñas. A diario nos lo recuerda en la red social X. #NoOlvidamos.
