La propuesta del fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, de modificar el Código Penal para prohibir el acceso a Internet a quienes hayan cometido delitos de odio graves en redes sociales puede tener sus ventajas, pero también inconvenientes, que pasamos a analizar a continuación.

VENTAJAS

• Al ser precisa una identidad digital y un DNI para cada usuario, los haters anónimos y bots podrían reducirse de forma considerable, ya que al perderse el anonimato, no les sería rentable participar en las campañas de odio que organizan agitadores ultraderechistas, que pese a tener nombres y apellidos, campan a sus anchas en las redes sociales sin ser expulsados ni sancionados. Perderían, por tanto, mucho impacto los mensajes de odio de los extremistas en redes sociales sin apoyarse en esos miles de bots y troles de los cuales dispone la extrema derecha.

• Una vez se sancionara a las cuentas más pequeñas que difunden odio por motivos de racismo, machismo y xenofobia, los siguientes en ser sancionados serían los pseudoperiodistas que publican contenido racista y xenófobo para que sea difundido en redes sociales, en primer lugar por bots, y luego por gente que se cree sus bulos y retuitea las barbaridades que comentan.

• Se reducirían las posibilidades de que hubiera violencia en la vida real, ya que los mensajes de odio radicalizan a muchas personas, y estas se vuelven peligrosas al haber sufrido un lavado de cerebro por culpa de los bulos y los mensajes de odio de los agitadores ultras.

• Se podría opinar libremente en las redes sociales sin recibir cientos de insultos o incluso amenazas de bots programados para intimidar y acosar a quienes son de otra ideología distinta a la de quien los controla, probablemente a través de una granja de bots.

• Las granjas de bots dejarían de influir en los resultados de las elecciones de nuestro país al ser bloqueados de Internet, lo cual podría ser positivo para la democracia.

DESVENTAJAS

• La interpretación que se haga de lo que es delito grave de odio no es la misma para un juez progresista que para un juez ultraconservador, el primero se basa en datos objetivos, es decir, si difundes información falsa para culpar a personas de otra etnia o nacionalidad con la finalidad de que esas personas sean odiadas y perseguidas, estaríamos ante un claro delito de odio. Sin embargo, para los jueces ultraconservadores, esto no tendría importancia alguna, ya que son los primeros en apoyar y consumir la información que publican en panfletos ultraderechistas ciertos periodistas xenófobos y racistas.

• Cuando haya cambio de Gobierno, podrían considerar delito de odio llamar a alguien fascista o "nazi", y serían censuradas cuentas de izquierdas en redes sociales, lo cual iría en contra de la libertad de expresión, ya que no es lo mismo calificar a alguien de forma despectiva que propagar odio para que un colectivo vulnerable sea perseguido y corra incluso peligro su integridad física.

• En cuanto al apartado profesional, hay algunas personas que dejarían de participar en redes sociales, si no pudieran conservar el anonimato, ya que temen ser despedidas de la empresa donde trabajan o bien no poder encontrar trabajo, si se sabe lo que han publicado en redes sociales.

• Mayor control de los políticos en las personas en Internet, que suele ser un escape de la vida real para mucha gente, lo cual es otro punto negativo muy a tener en cuenta, pues si se pierde la libertad para opinar sobre cualquier tema, lo que se hace es retroceder en vez de avanzar en una democracia.

Una vez analizados los pros y contras de la propuesta del fiscal para sancionar los delitos graves de odio, la conclusión es que la intención es buena por su parte, tras el trágico asesinato del niño en Mocejón, donde hubo una campaña de odio contra personas del continente africano que viven en nuestro país, cuando en realidad el autor de los hechos fue un español de 20 años. Esto es algo que no se debería consentir ni una sola vez más.

Pero no basta con que sea una buena intención para resolver el problema, ya que hay mucha gente que vería coartada su libertad de expresión y la consideraría una especie de "Ley Mordaza Digital", en la que podrían caer los de siempre (quienes opinan sobre el rey o temas religiosos), mientras que racistas y xenófobos seguirían haciendo lo de siempre, si quienes tuvieran que decidir qué es o no delito de odio fueran jueces de ideología ultraderechista.

Por tanto, debería haber alguna solución más inteligente para acabar con los delitos de odio en redes sociales, que podría ser acabar con las granjas de bots y sancionar a las cuentas que tienen nombre y apellidos en redes sociales como X (antes Twitter), donde esos individuos expanden sus mensajes racistas y xenófobos a diario, no solo en redes, sino también en platós de televisión, e incluso llaman a la violencia con total impunidad.

En el momento que se cruza el límite de opinar y se trata de inculcar odio y llamar a la gente a la violencia en las calles, debería ser sancionado cualquiera en redes sociales, sea de la ideología que sea. En eso coincidimos todos, excepto los más radicales. Quizás con aplicar con esmero las leyes del Código Penal y sancionar a difusores de fake news y expulsar a haters (odiadores) de las redes sociales, sería más que suficiente para que toda la gente pudiera opinar con libertad y sin miedo a recibir insultos y amenazas de fanáticos enemigos de la paz y la verdad que viven alejados de la realidad.

La propuesta del fiscal Miguel Ángel Aguilar, aunque sea positiva y vaya en la buena dirección, tiene demasiadas desventajas para que pueda tomarse como una solución efectiva, ya que podría ser pan para hoy, pero hambre para mañana, pues hay que pensar en los cambios de gobierno y en la aplicación de los jueces de las leyes, así que mejor seguir pensando algo que de verdad acabe con las fake news y las campañas de odio y violencia de la extrema derecha o de cualquier otra ideología o secta religiosa. La regeneración democrática debe empezar por acabar con bulos y bots odiadores en línea.